Costará reconocerlo, pero Sinde ha copiado mejor que nadie el modelo francés de “Ley Sinde” para acabar con las descargas ilegales en Internet, comisión anti-piratería más refilón judicial incluidos. ¿Habrá pagado derechos de autor por copia y versionado español de la Ley francesa antidescargas? No, oye, no: que las leyes son artilugios jurídico-públicos y por lo tanto la copia, distribución, versionado y teledescarga de la “Ley de los tres avisos” como le llaman los franceses a la “Ley de Creación e Internet” son libres y gratuitas.
Dice “Hadopi”, la Haute Autorité pour la Difussion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet –creada por la « Ley de Creación e Internet »– que para junio de 2011 necesitará 650.000 euros para el envío postal del segundo aviso, a vaya usted a saber cuántos internautas franceses, y que todavía quedará el tercer aviso, vía correos, para cientos de miles de ellos. Porque, a pesar de la ley y de la altísima autoridad “Hadopi”, en Francia sigue pirateando uno de cada dos usuarios de Internet un año y medio después de la aprobación de la “Ley de los tres avisos”. Ahora, nada como la expectación provocada por el apagón internetero que sobrevendrá al toque del tercer aviso: ¿se atreverán las Telecos a cortar el wifi /adsl a esos cientos de miles de clientes que de forma habitual escuchan, bajan o intercambian música y películas desde su casa? Mucho me temo que no.
Las peticiones de aumento de presupuesto de la “Haute Autorité pour la Difussion des Oeuvres…” (bonito eufemismo del ángel exterminador), además de para sellos, son para otra partida: desarrollo de software. Y aquí le duele a Hadopi y al modelo francés de “Ley Sinde”: porque barrer los servidores en busca de sitios donde se facilitan las descargas les está costando más de lo que pensaban y, además, los sitios de descargas están mutando su tecnología hacia formas distintas del P2P, que era para lo que las empresas de barrido estaban preparadas. La cuestión es tan sencilla como definitiva: qué va a hacer Hadopi ¿revitalizar el correo postal francés, promocionar la industria informática exigiendo nuevos rastreadores para las inventivas constantes de quienes hacen de “compartir la música, películas y libros en Internet” una bandera virtual?
Vaya por delante que es un derecho de cada autor difundir su obra, y también obtener dinero con ella, ya sea de forma puntual o a partir de un sistema de negocio, como es en nuestros días el sistema de propiedad intelectual protegido por ley.
Lo que ocurre es que Internet ha permitido escapar de esa arquitectura de control que ha funcionado con sus más y sus menos durante 200 años, porque ya no funciona: las medidas de choque –incluida la Ley Sinde– son sacos de arena en un paseo marítimo cuando arriba un tsunami. Sinde acierta al plantear la batalla en el acceso a la carretera, pero se encuentra –y se encontrará– con que los dueños de la autopista y de los puestos de peaje, las Telecos, viven de que existan muchos vehículos que acceden a sus rutas. Darán entrada a los coches por otro lado, sortearán como sea la Ley. Los de los puestos de música y películas pirata a pie de carretera ya han demostrado que saben transformarse en un abrir y cerrar de ojos en otra cosa, que lanzan la música y películas desde un helicóptero, ¡y píllales!, que se acercan en moto y la introducen por las ventanillas del coche -¡sigue pillándoles!-; es decir: del P2P al streaming, y del streaming centralizado al descentralizado y de ahí a lo que siga, sin problemas. Y si no: basta con mirar a la vecina Hadopi y su resucitación del correo francés.
Pero Internet no sólo difunde hasta el infinito las obras, sino que permite controlar su uso, usuario a usuario, acción por acción. Iniciativas como Spotify, Amazon MP3 y muchos otros negocios de contenidos audiovisuales en la red muestran que se puede cobrar directamente al usuario que escucha música, o que ve una película o que hace una descarga. Un estudio reciente publicado por las SGAE concluye que hay mucho público dispuesto a pagar en Internet:
SE PREGUNTA LA SGAE[1] en 2010 ¿Cuánto del consumo ilegal podría convertirse en legal TENIENDO EN CUENTA la propensión de pago de los consumidores?
Eso en plena fiebre de enfrentamiento a las SGAE y a los previos de la Ley Sinde. Si los precios se racionalizan, las calidades entre lo pirata y lo “legal” –por la presión tecnológica– son diferentes y existe una mínima sensibilización ciudadana ¿no aumentará la proporción de quienes estén dispuestos a pagar?
Parece evidente que el frente es tecnológico mucho más que el sancionador o persecutorio, pero esto no es un frente futuro, es la batalla de hoy: las actualizaciones automáticas que cada día efectúa Microsoft en nuestros ordenadores personales están destinadas, en su mayoría, a identificar productos no originales que podamos tener en el portátil y que quedarán de entrada bloqueados para su reproducción, copia o transferencia a extensiones como un iPod, por ejemplo.
¿Por qué no rendirse a la evidencia y continuar promoviendo este tipo de fórmulas de protección de las obras? ¿Para qué tanta algarada mediática con una Ley cuyo mejor efecto será resucitar a “Correos”?
- [1] SGAE: INFORME 2010 (2 semestre 2009) ENCARGADO A Análisis IDC Research Iberia Para el Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales. El mercado geográfico relevante es el de un consumidor doméstico (España) a partir de un universo de usuarios online(Internautas) según las mediciones de Nielsen Online, partners en la realización del trabajo de campo